<p><![CDATA[A pesar de que buena parte del territorio mexicano se encuentra militarizado, el crimen organizado no ha perdido fuerza. Foto: EFE ]]></p>

PUBLICADO: EST Nov 30, 2012 12:01 am EST
Gardenia Mendoza

Corresponsal en México DF

Jueces, policías, juicios orales, ministerios públicos, sistema penitenciario. Alejandro Martí repasa los pendientes que en materia de seguridad deja el presidente Felipe Calderón a su sucesor Enrique Peña Nieto, pero se detiene con detalle en las causas de la hecatombe que cegó más de 100,000 vidas en el sexenio.

Martí, empresario que saltó al activismo contra la inseguridad tras el secuestro y asesinato de su hijo en 2008, no tiene dudas: "primero hay que acabar con la desigualdad social, ninguna economía funciona con el 50% de su población pobre trabajando para un 50% de clases medias y ricos".

Bajo tal convicción, el fundador de la organización SOS da sugerencias, acaso un recordatorio a los políticos: recuperación de los espacios públicos, un plan de gobierno que dé oportunidades a los jóvenes "el sicariato es la falta de horizontes", levantar el campo y el trabajo técnico, que son los mandos medios, "aquí ya hay muchos licenciados, faltan operativos".

Pero hay una agenda dura, impuesta por mandato desde hace cuatro años y que deberá cumplirse en 2016, justo cuando concluya la administración de Peña Nieto que cerraría el ciclo de combate a la seguridad que arrancó Felipe Calderón con el combate frontal a la delincuencia.

Incluye la reforma penal constitucional. Hacer realidad los juicios orales, profesionalizar a la policía, pasar de un sistema penitenciario inquisitorio a acusatorio para evitar así "presuntos culpables" impuestos por señalamientos oscuros.

Peña Nieto envío ya una iniciativa de ley para crear la Gendarmería Nacional y englobar las funciones de seguridad pública en la Secretaría de Gobernación.

"Tal como está ahora el sistema judicial es una vergüenza", califica Martí.

Durante su mandato, Calderón persiguió principalmente la delincuencia organizada. A excepción de Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada, los principales cabecillas de los cárteles en México cayeron muertos o encarcelados, incluyendo a los Beltrán Leyva, los mandamás de la Familia Michoacana y los de Los Zetas.

EL dilema de la justicia

"México tiene olvidados a sus jueces y a sus policías, abandonados a la dura decisión de decidir entre el dinero y la bala", describe Martí. "Esa es la atención que se espera ahora en seguridad".

En días pasados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, reconoció que algunos ministros han tenido que pedir protección del Ejército para juzgar a algunos narcotraficantes. "Ya no basta el ángel de la guarda", dijo a la prensa sobre el caso de un magistrado "levantado" días antes de una sentencia.

Los juicios orales ayudarían a transparentar y desahogar los procesos —una apuesta de la administración saliente— pero su implementación ha sido lenta.

De acuerdo con la Secretaría Técnica del Gobierno Federal sólo tres estados del país tienen el nuevo sistema acusatorio integrado en su totalidad: Chihuahua, Estado de México y Morelos; en operación parcial siete: Baja California, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Yucatán, Nuevo León y Guanajuato y, el resto apenas empieza.

Al rezago regional se une la falta de experiencia de los litigantes. En algunos casos el juez ha tenido que solicitar al abogado que salga de la sala y abandone el caso porque el acusado no cuenta con una defensa al nivel que exige los juicios orales.

Situación similar enfrentan los evaluadores de control de confianza de policías: no están a la altura de las exigencias.

"Sin la capacitación necesaria se está entorpeciendo el proceso", observa Samantha López, analista del Instituto Nacional de Ciencias Penales. "Hace falta etiquetar muy bien los dineros para este fin: muchas veces los alcaldes hacen mal uso de los recursos federales y no invierten donde deben invertir", detalla López.

De acuerdo con cifras de la organización Ciudadanos por una Causa Común, aún falta por evaluar al 50.13% (215, 636) de los policías estatales y municipales y del resto sólo se tiene certeza de la confiabilidad del 31.18%.

Otro gremio que adolece de capacitación y falta de control es el de los carceleros: fue hasta 2009 cuando se creó la Academia Penitenciaria para la formación profesional que desde entonces ha recibido 83,000 aspirantes. En el mismo se han fugado alrededor de 600 reos de diversas cárceles, muchos de ellos por complicidad con los custodios.

López afirma que si bien el reto de la seguridad "es inagotable", la mejora de los sistemas de justicia y carcelario ayudarán a enfrentar el incremento de los procesos penales de los últimos años, especialmente la relacionados al crimen organizado.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que el número de delitos vinculados al tráfico, producción, comercio, posesión y consumo de enervantes aumentó 70% en los últimos seis años al pasar de 199,000 en 2007 a 339,000 hasta septiembre de 2012, sin contar los asesinatos que también han ido a la alza.

Desde 2005 van un total de 116,000 asesinatos, contabilizados oficialmente: 9,921, en el primer año contabilizado; 10,452,en 2006; 8,867 en 2007; 14,006 en 2008; 19,803 en 2009; 25,757, en 2010 y 27,199, en 2011.

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