Sara Salazar, madre de la activista asesinada Josefina Reyes Salazar.

El Paso, Texas (EFE).- Estados Unidos ha concedido en el último año cuatro asilos políticos a mexicanos, lo que representa una cifra récord si se considera que antes de 2010 era casi imposible que un mexicano obtuviera uno de ellos, aseguran activistas de El Paso.

Además de estos cuatro casos, tres a activistas de derechos humanos y uno a un periodista, en julio de 2010, EE.UU. concedió el primer asilo a un profesional de los medios desde que el presidente mexicano Felipe Calderón iniciara la militarización de la lucha contra los narcos.

Fue entonces como Jorge Luis Aguirre, editor de la publicación digital La Polaka y quien denunciaba haber sido amenazado de muerte en Ciudad Juárez por representantes del gobierno del estado de Chihuahua, pudo permanecer en el país legalmente.

De acuerdo con el abogado de inmigración Carlos Spector el caso más reciente ha sido el del mexicano Saul Reyes Salazar, de 46 años, quien obtuvo el beneficio a finales del mes pasado.

Al igual que el resto de su familia fue amenazado de muerte en México y actualmente se presenta en universidades y foros de EE.UU. hablando de la violencia y de la falta de garantías en ese país.

Reyes Salazar se ha unido al movimiento Mexicanos en el Exilio, que busca crear conciencia de la necesidad de que las autoridades estadounidenses presionen a México para proteger a la ciudadanía de su ejército, al que culpan de atropellos a los derechos humanos, desapariciones e incluso asesinatos.

"Siento mucho agradecimiento hacia Estados Unidos por recibir y proteger a mi hijo Saul, uno de los cuatro hijos que me quedan, porque a seis me los asesinaron en Juárez (México), dijo a Efe Sara Salazar, madre de los Reyes Salazar.

Salazar se presentó esta semana en El Paso por el primer aniversario del asesinato de dos de sus hijos y su nuera en una carretera de Guadalupe, en el Valle de Juárez y dijo que quienes han logrado sobrevivir no pasarán el día llorando, sino exigiendo justicia a las autoridades mexicanas.

"Queremos que agarren a los asesinos de mis hijos y que los castiguen", denunció la mujer de 76 años.

"Estamos dando a conocer la situación en México para que tanto la ciudadanía como las autoridades y cortes migratorias sepan que la situación de película de terror que se vive en México es real y que los solicitantes de asilo realmente buscan el estatus para conservar su vida", sostuvo a Efe Spector.

"No es coincidencia que los asesinatos en contra de activistas de derechos humanos y las solicitudes de asilo aumentaran desde que el ejercito mexicano llegó a Juárez en 2008", añadió el abogado.

Entre los casos recientes de asilo político se cuenta el de la activista Cipriana Jurado, defensora de los derechos de los trabajadores de las maquilas quien obtuvo el estatus en junio de 2011.

Su aplicación fue aceptada bajo las bases de que miembros del ejército mexicano la perseguían después de que ella emprendiera la defensa de una familia de la que desaparecieron tres de sus integrantes.

Otro caso de asilo otorgado en 2011 es el de Mónica Arias, nuera de la también activista Marisela Escobedo, asesinada en diciembre de 2010 cuando protestaba frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, exigiendo justicia para su hija Rubí Frayre, desaparecida en 2008.

Las autoridades de EE.UU. concedieron también en 2011 el asilo al periodista Alejandro Hernández, quien era camarógrafo de la empresa mexicana Televisa en Coahuila.

Spector menciona que además de estos casos concedidos, su despacho trabaja actualmente en 50 más que incluyen empresarios mexicanos, policías, políticos y otros activistas como Marisela Ortíz, cofundadora del grupo "Nuestras Hijas de Regreso a Casa" que ofrece ayuda a las familias de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

Actualmente otra de las fundadoras de este grupo, Norma Andrade, se recupera de un ataque con arma blanca en el rostro ocurrido en Ciudad de México, que la ha llevado a considerar abandonar el país.

Spector indicó que desde la llegada del ejército en 2008 han sido asesinados 20 activistas y sus familiares en Chihuahua por denunciar la presunta relación de las autoridades con el narcotráfico.

Entre ellos Josefina Reyes Salazar, hija de Sara Salazar, asesinada en enero de 2010, su hijo Julio Cesar Reyes en noviembre de 2008, su hermano Rubén Reyes Salazar, en agosto de 2010.

En febrero de 2011 fueron "levantados" en una carretera Malena Reyes Salazar, Elias Reyes Salazar y su esposa Luisa Ornelas, cuyos cuerpos aparecieron poco después en una carretera del Valle de Juárez.

"Me han asesinado a seis hijos en menos de dos años", lamentó Sara Salazar, cuyos nietos e hijos sobrevivientes han solicitado el asilo político.

Spector, quien lleva sus casos, afirmó que el gobierno de EE.UU. ha reconocido la

veracidad de estos casos y por ello ha otorgado el asilo.

"Es un genocidio", finalizó.