Activistas presionan para que alguacil Joe Arpaio reciba “castigo” por acosar a inmigrantes
Una audiencia judicial del próximo 31 de mayo determinará las sanciones que podría recibir Arpaio por desacato de la corte
Activistas se manifiestan frente a la oficina del alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, para exigir que afronte cargos criminales por acosar a inmigrantes. Crédito: María Peña/Impremedia | Impremedia
PHOENIX.- El aguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha hecho carrera política en Arizona a costa de los inmigrantes indocumentados y, pese a un fallo por desacato judicial en su contra, no piensa retirarse de su cargo.
Pero activistas pro-inmigrantes, como la mexicoamericana Lydia Guzmán, no descansarán hasta que Arpaio reciba su “merecido castigo” y hoy se manifestaron frente a su oficina exigiendo que éste afronte cargos criminales por desobedecer las órdenes de un juez de cesar su campaña de acoso contra los inmigrantes.
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En entrevista con este diario, Guzmán, nacida en Los Angeles y radicada en Phoenix desde hace 20 años, dijo sentirse “reinvidicada” con la decisión del juez federal Murray Snow del pasado 13 de mayo de declarar a Arpaio en desacato de la corte.
“Creo que es importante que mandemos un mensaje de que el alguacil Arpaio no está por encima de la ley, y tiene que aprender esa lección y tener su merecido castigo. El juez le ordenó que cesará las redadas y el maltrato de los inmigrantes, y no lo hizo”, señaló Guzmán.
“Arpaio ocultó evidencias, ha intimidado a los inmigrantes en simples paradas de tránsito… queremos oir cuáles serán los remedios para la gente que ha sido objeto de abusos y violaciones de derechos civiles”, precisó Guzmán, quien encabezó esfuerzos por recabar centenares de testimonios de los inmigrantes.
Esta tarde, decenas de activistas pidieron que Snow entable cargos criminales contra el alguacil.
Snow ha programado una audiencia para el próximo 31 de mayo, en la que los abogados de ambos lados puedan discutir posibles sanciones contra Arpaio.
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Imágenes de protesta afuera de la oficina del alguacil Arpaio. Los manifestantes corearon consignas y cantaron un corrido para “echarse a ese güey a la cárcel”. Fotos: María Peña/Impremedia
Grupos de activistas, incluyendo el movimiento Puente y Promesa Arizona, también han programado una protesta frente a la corte el próximo martes.
Entre los manifestantes de hoy estaba el mexicano Martín Torres Martínez, quien fue detenido por Arpaio en 2015 y enviado a sus notorias carpas, donde pasó preso entre marzo, abril y mayo y tuvo que lucir el uniforme de prisionero y calzoncillos y calcetines color rosa.
“Me acosó de robo de identidad por usar un número de Seguro Social, y luego me entregó a ICE. Mis abogados lograron sacarme y ahora tengo permiso, pero quiero que Arpaio tenga el castigo que le ha aplicado a nuestros paisanos, porque no es justo”, dijo Torres Martínez.
Petra Falcón, directora ejecutiva de Promesa Arizona, aseguró que “ya es hora de que Arpaio se vaya y deje de lastimar a nuestra gente”.
“(Donald) Trump le ha dado licencia a gente como Arpaio para expresar su racismo y eso no puede seguir así”, apuntó.
Por su parte, Salvador Reza, de los Comités de Defensa del Barrio, dijo que “la pelota está en el techo del juez Snow, y esperamos que le dé una lección… el Departamento de Justicia ha sido muy tibio con Arpaio, una persona que ha mentido y no le importa la orden del juez”.
En su fallo de 162 páginas, Snow dijo que Arpaio y tres de sus principales asesores han demostrado desobediencia a las órdenes de la corte, así como la “intención de violar y manipular las leyes y políticas que regulan su conducta”.
El caso civil en su contra no lo descalifica de continuar como alguacil del Condado de Maricopa, puesto que ocupa desde 1993, pero si el juez determina posteriormente que hay motivos para entablar posibles cargos criminales, entonces podría quedar sujeto a multas y hasta sentencia carcelaria.
Arpaio, de 83 años, se regodea de ostentar el mote “del sheriff más duro de EEUU”, y ha culpado directamente al gobierno por el problema de la inmigración ilegal en este país.
Se calcula que la oficina de Arpaio ya ha gastado $41 millones en fondos públicos del Condado para defenderse de una demanda entablada por grupos cívicos por discriminación racial.
Sus tácticas, que incluyen el acoso, humillación y trato discriminatorio de inmigrantes indocumentados, le han valido la repulsa de grupos pro-inmigrantes y organizaciones humanitarias a nivel internacional.
Ya en 2013, el juez Snow había ordenado a Arpaio a que emprendiese reformas y tomara medidas para cesar la discriminación sistemática de los latinos en paradas de tránsito y patrullajes de inmigración en los barrios hispanos.
Ni la orden inicial del juez ni las denuncias de los grupos pro-inmigrantes lo han detenido, sin embargo, porque, según Arpaio, son los policías y agentes los que están bajo “asedio” de los inmigrantes indocumentados.
En declaraciones recientes al canal 12News en Arizona, Arpaio dijo que se postulará para un séptimo término como alguacil del área metropolitana de Phoenix.
“Yo respondo al pueblo. Hay más de cuatro millones de personas a las que les simpatiza el alguacil en los últimos 24 años… tengo más apoyo en las calles ahora, por dondequiera que voy”, argumentó Arpaio.
Arpaio ha dado su espaldarazo político al virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, quien ha prometido deportar a toda la población indocumentada en un plazo de dos años, si gana la presidencia en noviembre próximo.
