Ayotzinapa: Choque entre expertos de CIDH y Gobierno mexicano sube de tono
Acusaciones, desmentidos y cuestionamientos se cruzan entre los expertos de la CIDH y funcionarios mexicanos respecto a los estudiantes desaparecidos en Iguala
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) participan en una rueda de prensa en Ciudad de México. Crédito: EFE
MÉXICO.- Los expertos nombrados por la CIDH y el Gobierno mexicano se han enfrascado en un cruce de señalamientos que evidencian la profundización de sus diferencias en torno a la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, hace 19 meses.
A solo dos días de que termine su mandato, los expertos acusaron al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, de actuar alejado de los “estándares mínimos internacionales” en una diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan y de “tergiversar” los hechos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insistió hoy en que ninguna de las actuaciones realizadas ese día con Agustín García Reyes, uno de los arrestados por el caso, consta en la averiguación.
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Además, dicha diligencia se efectuó sin que estuviera presente el defensor de García Reyes, precisamente uno de los detenidos por el caso del que hay claros indicios de tortura, según los estudios médicos practicados por la fiscalía, enfatizó.
COBERTURA ESPECIAL SOBRE AYOTZINAPA
Los expertos han puesto la mira en lo ocurrido el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan porque fue allí donde un día después, según el expediente oficial, buzos de la Marina encontraron una bolsa con restos óseos que permitieron identificar a uno de 43 los jóvenes desaparecidos.
Los forenses argentinos que participan en el caso advirtieron en diciembre de 2014 que no habían sido testigos del hallazgo del fragmento que permitió identificar a Alexander Mora, pues cuando llegaron al lugar la bolsa ya estaba abierta y la muestra colocada en un área de limpieza.
Dicha identificación es la única prueba científica de que uno de los 43 jóvenes fue calcinado, como sostiene la versión de la fiscalía, según la cual todos o gran parte de ellos fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula y sus restos lanzados en ocho bolsas al río San Juan por miembros del cártel Guerreros Unidos.
Una foto muestra una bolsa con restos óseos etiquetada con fecha 28, algo que Zerón atribuyó ayer a un error de la perito responsable de marcarla y anunció una investigación al respecto. Además, dijo que los metadatos de la imagen demuestran que fue tomada al día siguiente.
El comportamiento de la AIC genera “duda para todo” lo ocurrido en ese lugar y resulta “inaceptable” que un perito desestime pruebas “in situ” sin registrar en el expediente por qué no se incorpora esa evidencia, señaló el chileno Francisco Cox al aludir a una imagen que muestra cuando un perito encuentra un hueso en el lugar.
En un mensaje a medios de comunicación el miércoles, Zerón describió su actuación en el río como “legal” y explicó que ese hueso pertenecía a una ave, “por lo que no tuvo ningún valor criminalístico que ameritara incorporarlo a la averiguación”.
Además, presentó un video de más de 13 minutos sobre la actuación del día 28, la cual -dijo- fue atestiguada por dos miembros del Alto Comisionado de Naciones Unidas y periodistas, y criticó al grupo porque consignó mal las horas en que se realizó diligencia.
En ese video se dice que “hay cuatro bolsas en el río, de las cuales no existe ningún registro”, destacaron hoy los expertos designados por la CIDH.
Además, señalaron que la fiscalía les había asegurado “que no había más documentación” que la consignada en el expediente, por lo que pidió la entrega “inmediata” del vídeo presentado por Zerón a la unidad que investiga el caso y su incorporación a las pesquisas.
El GIEI también acusó al titular de la AIC de manipular la presencia en el lugar de dos funcionarios de la ONU que habían sido invitados a visitar el basurero de Cocula, quienes “en ningún momento” vieron a García Reyes en el escenario del río San Juan.
Los familiares de las víctimas reiteraron hoy su exigencia de que el director de la AIC sea cesado tras acusarlo de “sembrar” pruebas en el río San Juan.
Zerón rechazó dichos señalamientos y defendió “la validez del hallazgo” del día 29 gracias “a la cadena de custodia”, firmada por los dos peritos que intervinieron en el proceso.
Sin embargo, el GIEI pidió una “investigación imparcial” de la actuación del día 28 en la que la AIC debe estar al margen para asegurar su independencia e incorporar las declaraciones de todos los funcionarios involucrados en esa diligencia.
Al respecto, la Procuraduría General de la República (fiscalía) anunció que los funcionarios que participaron en la diligencia del 28 de octubre de 2014 en el río San Juan serán investigados por la Visitaduría General de la dependencia para determinar si se cometieron irregularidades y que, en su caso, “finque las responsabilidades correspondientes”.
A su vez, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) desmintió hoy a Zerón al afirmar que miembros de esa oficina en México no atestiguaron la diligencia del 28 de octubre en el río San Juan y tampoco tuvieron conocimiento de la presencia del detenido Agustín García Reyes.
