ONGs: Gobierno tiene una lógica mediática en derechos humanos
Organizaciones critican la respuesta a la crisis de seguridad que vive el país
Denuncias de desapariciones forzadas. Crédito: EFE/Archivo
Ciudad de México
Serapaz, PEN México, Freedom House, Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), entre otras organizaciones civiles, lamentaron que el Gobierno federal “haya respondido desde una lógica mediática de control de daños”, al informe preliminar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el pasado viernes.
Y recordaron que estas observaciones no fueron sólo resultado de la visita de cinco días de representantes del organismo al país, sino que estas están sustentadas en cifras oficiales y coinciden incluso con las de diversos mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Lamentamos que el gobierno federal haya respondido desde una lógica mediática de control de daños, a conclusiones preliminares que atañen a problemas estructurales que afectan a las personas que viven y transitan por territorio mexicano”, dijeron ayer las organizaciones en un comunicado firmado por 63 organismos civiles y redes de grupos.
La tarde del pasado viernes, la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, el vicepresidente, James Cavallaro, el Comisionado Felipe González, las comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, presentaron sus observaciones preliminares luego de la visita que realizaron a México durante cinco días.
En su informe, el organismo sostuvo: “La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.
Un reto para asumir
Los organismo coincidieron en que “el Gobierno debe asumir las conclusiones y recomendaciones de éstos como insumos valiosos, reconociendo la naturaleza de la crisis actual para entonces implementar políticas, programas, leyes y sobre todo prácticas que lleven al efectivo acceso a la verdad, la justicia, la reparación y a la disminución de las violaciones a derechos humanos a lo largo del territorio nacional”.
Las organizaciones dijeron que si el Gobierno federal verdaderamente pretende “abrir puertas y asumir retos” en materia de derechos humanos, “el primer paso es dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país”.
